La publicación de la Circular de 21 de junio de 2013 marcó el inicio de la lucha contra el fraude fiscal, una operación que no deja de intensificarse. En la actualidad, cada vez más países transmiten cada año numerosa información bancaria al fisco francés: saldos de las cuentas, fechas de apertura, números de la cuenta o de las cuentas, rentas generadas por las cuentas…
Es el sistema myPOS del fisco francés.
La unidad fiscal francesa de regularización espontánea de las cuentas en el extranjero ya no está operativa desde 2018. No obstante, sigue siendo posible proceder a la regularización espontánea de las propias cuentas.
Por otra parte, debido a la recepción cada vez más importante de información bancaria procedente de países extranjeros, el fisco francés inicia hoy de forma casi sistemática «pseudo» inspecciones fiscales que, desde un punto de vista jurídico, no son en realidad inspecciones fiscales en sentido estricto, sino un último aviso antes de la inspección fiscal, una última oportunidad de regularizar espontáneamente las cuentas.
Las cartas enviadas llevan, arriba a la derecha, el número 751-SD. Y el servicio encargado de este «control» es muy a menudo un PCRP (pôle de contrôle des revenus et du patrimoine, unidad de control de rentas y patrimonio): así se indica arriba a la derecha de la carta.
Lamentablemente, las sanciones a las que se expone pueden ser bastante severas, sobre todo si se aprecia el carácter de fraude fiscal.
Los recargos ascienden en principio al 80 %, junto con intereses de demora. En determinados casos, también pueden aplicarse sanciones penales.
No obstante, una regularización correctamente llevada a cabo puede permitir, según el caso, reducir sensiblemente los recargos y limitar el riesgo de sanciones penales.
La regularización de una cuenta bancaria extranjera: ¿en qué consiste exactamente?
La expresión «regularización de una cuenta extranjera» designa la acción por la que un contribuyente cumple espontáneamente sus obligaciones fiscales para ajustarse a la legislación vigente. El procedimiento de regularización debe ser espontáneo: es decir, el contribuyente debe declarar por sí mismo ante la Administración tributaria francesa los activos que posee en el extranjero, antes del inicio de una inspección fiscal. Para ello, está obligado a presentar en su centro tributario (centre des impôts) un expediente de regularización de cuenta extranjera.
Cuando usted recibe la carta 751-SD de solicitud de regularización, la inspección fiscal en sentido jurídico todavía no se ha iniciado; su regularización sigue siendo, jurídicamente, espontánea.
En la práctica, esta carta constituye la «última oportunidad» antes de una verdadera inspección fiscal en sentido jurídico, aún más dura, y al término de la cual los recargos serán en general mucho más elevados.
El expediente de regularización deberá, en principio, incluir en particular todas las cuentas bancarias y los contratos de seguro abiertos en el extranjero. Cabe señalar que la obligación sigue siendo aplicable incluso a las cuentas cerradas durante el año.
Atención: no obstante, el procedimiento de regularización no es aplicable, en principio, a determinados tipos de activos o haberes, en particular los que proceden de actividades fraudulentas u ocultas.
Todos los residentes fiscales en Francia están obligados a la declaración de sus cuentas y haberes extranjeros cada año, mediante el formulario 3916/3916-bis.
El artículo 4 B del Código General de Impuestos francés (CGI) precisa qué personas son residentes fiscales franceses:
- Las que tienen en Francia su hogar o el lugar de su estancia principal;
- Las que ejercen en Francia su actividad profesional principal;
- Las que tienen en Francia el centro de sus intereses económicos.
- Las personas que tienen a su familia en Francia (en principio, en sentido nuclear: pareja/hijos)
¿Por qué y cómo regularizar las cuentas en el extranjero?
Cuando un contribuyente desea proceder a la regularización de una cuenta bancaria mantenida en el extranjero, debe realizar varios trámites, a menudo laboriosos. En efecto, el expediente que debe prepararse suele ser complejo y voluminoso, ya que a menudo abarca un periodo de 10 años; por ello, se recomiendan los servicios de un abogado fiscalista, que resultan incluso prácticamente imprescindibles si desea preparar un expediente en debida forma.
En efecto, la preparación de este expediente requiere un conocimiento profundo de las normas fiscales internacionales: por esta razón, se recomienda solicitar la asistencia de un abogado fiscalista para beneficiarse de un acompañamiento experto que le ayudará a preparar un expediente conforme, con el beneficio de todas las ventajas a las que pueda tener derecho: crédito fiscal extranjero, reducción de las multas, eventual reducción de los recargos y, bajo determinadas condiciones, de los intereses de demora, etc. No obstante, la intervención de un abogado no es obligatoria: usted tiene pleno derecho a recurrir a otro tipo de profesional, por ejemplo su asesor contable, o a optar por presentar usted mismo el expediente.
En cuanto a las cuentas muy pequeñas, los trámites de regularización suelen estar simplificados, siempre que, por supuesto, pueda justificarse el origen de los fondos. En cualquier caso, el acompañamiento de un abogado fiscalista permite realizar los trámites en buenas condiciones.
¿Qué cuentas están sujetas a la obligación de regularización?
Todas las cuentas bancarias, cuentas de ahorro, de seguro de vida, de contrato de capitalización, cuentas de valores, cuentas de criptomonedas, etc., pueden ser objeto de control.
La regularización es aplicable a todos estos tipos de cuentas siempre que la cuenta se haya abierto, mantenido, utilizado o cerrado en los últimos 10 años (en algunos casos, el periodo de regularización se reduce a 3 años en lugar de 10).
No obstante, la obligación de regularización no afecta, en principio, a las cuentas destinadas a pagos de compras en línea o a cobros en el marco de ventas cuando la suma de los cobros anuales abonados en dichas cuentas no supera los 10.000 euros. Sin embargo, estas cuentas destinadas a la compra en línea o al cobro en el marco de una venta deben estar vinculadas a otra cuenta abierta en un banco francés.
Regularización de una cuenta en el extranjero, un procedimiento que abarca en principio los diez últimos años
Cuando un contribuyente decide proceder a la regularización de sus cuentas en el extranjero, su actuación debe referirse, en principio, a las cuentas abiertas, mantenidas, utilizadas o cerradas en los 10 años transcurridos. Así, el contribuyente que decide regularizar sus cuentas en 2022 debe incluir, en principio, todas las cuentas abiertas, mantenidas, utilizadas o cerradas desde el año 2012 inclusive. El año 2011 y los años anteriores no se incluirán en el expediente; no habrá regularización tributaria por esos años, que están jurídicamente prescritos, es decir, que el fisco no tiene derecho a regularizarlos.
Sin embargo, atención: el origen de los fondos «nunca prescribe». En la práctica, esto significa que el contribuyente que no consigue probar el origen de sus fondos se expone a fuertes regularizaciones sobre la totalidad de sus haberes y, por tanto, posiblemente también sobre rentas percibidas hace más de 10 años.
A la inversa, si puede justificarse el origen de los fondos, las regularizaciones no podrán, en principio, remontarse a más de 10 años.
Cuando la Administración tributaria aplica una regularización de impuestos en el marco de una regularización, tiene en cuenta diversos parámetros, como la sujeción al ISF (Impôt sur la Fortune, impuesto sobre el patrimonio), las rentas percibidas en el extranjero y el origen de los fondos (sucesión, donación, rentas profesionales, etc.).
En general, un expediente de regularización perfectamente construido puede permitir reducir los recargos.
En caso de inspección fiscal, los recargos ascienden en principio al 80 %. El expediente de regularización, si está bien construido, puede permitir, según el caso, obtener una reducción de los recargos.
El expediente de regularización abarcará una amplia gama de tributos: impuesto sobre el patrimonio, impuesto sobre el patrimonio inmobiliario, impuesto sobre la renta y cotizaciones sociales.
El recargo se calcula sobre el importe de la regularización. Por ejemplo, si finalmente se aplica una regularización de 100 € de impuesto sobre el patrimonio, se adeudará la suma de 100 € + 40 %: 140 €, a los que se añadirán intereses de demora, cuyo importe será tanto más elevado cuanto más antiguo sea el impuesto afectado.
Especial atención a las sanciones previstas en caso de no regularización de una cuenta en el extranjero
La normativa prevé dos tipos de sanciones: las sanciones pecuniarias y las sanciones penales (en la práctica, las sanciones penales solo son aplicables en determinados casos)
1- Las multas previstas en caso de no regularización de una cuenta en el extranjero
Cuando un contribuyente no declara sus cuentas abiertas en un país que ha firmado un convenio que facilita el intercambio de información bancaria con Francia, se expone a una multa de 1.500 euros por año y por cada cuenta no declarada. Esta multa puede reclamarse durante un periodo de 5 años, es decir, un importe máximo de 7.500 euros por cuenta no declarada.
Si se trata de una cuenta abierta en un país extranjero que no ha firmado un acuerdo que facilite el intercambio de información bancaria con Francia, la multa es mucho más elevada y puede alcanzar 10.000 euros por año y por cada cuenta, es decir, un importe máximo de 50.000 euros por cuenta no declarada.
Si los haberes proceden de una sucesión o de una donación, algunos convenios fiscales internacionales permitirán, en determinados casos muy concretos, beneficiarse de una exención. Aun así, es necesario invocar el convenio en el expediente de regularización, ya que la exención no es automática.
2- Las sanciones penales en caso de no regularización de una cuenta en el extranjero
Cuando el contribuyente ha intentado deliberadamente ocultar sus cuentas a la Administración tributaria, en determinados casos pueden iniciarse acciones penales por fraude fiscal. Si los comportamientos fraudulentos quedan efectivamente acreditados, las sanciones pueden ser muy severas, tanto en términos de multas como de penas de prisión.
En efecto, el Código General de Impuestos, en su artículo 1741, indica que la multa puede alcanzar 3.000.000 € (o el doble del producto obtenido de la infracción) y que puede aplicarse una pena de prisión de hasta 7 años.
