La crisis financiera de 2008 y los miles de millones perdidos por los Estados en los paraísos fiscales pusieron claramente de manifiesto la necesidad de luchar de forma más eficaz contra el fraude fiscal.
De esta constatación nació una primera iniciativa en 2010: la Foreign Account Tax Compliance (FATCA). En concreto, esta ley permite a los Estados Unidos celebrar contratos con instituciones financieras extranjeras con el fin de obtener de forma automática un conjunto de información sobre sus residentes fiscales.
La FATCA abrió así el camino a la OCDE que, tras varios años de trabajo, creó una nueva norma: el Estándar Común de Comunicación de Información (Norme Commune de Déclaration) o CRS (Common Reporting Standard). Permite a los Estados firmantes celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales sobre el intercambio automático de información bancaria de sus residentes fiscales. A diferencia de la FATCA, aquí existe una reciprocidad en el intercambio de información bancaria entre los países.
Hoy en día más de 120 jurisdicciones participan en el AEOI (lista, elaborada a la fecha de redacción, al final del artículo).
Nuestro despacho de abogado fiscalista le explica a continuación todos los pormenores del AEOI.
¿El fin del secreto bancario?
La consigna de las instituciones financieras y administrativas de los 104 países firmantes del Estándar Común de Comunicación de Información es: recopilar – comunicar – intercambiar.
Las instituciones financieras, como los bancos, deben identificar a las personas titulares o beneficiarias de cuentas bancarias que tengan su residencia fiscal en otro Estado.
Para ello, los clientes deben ser en adelante lo más transparentes posible sobre su información. Así, desde el 30 de septiembre de 2017, si desea abrir una cuenta bancaria en un país firmante de esta nueva norma, en principio deberá obligatoriamente cumplimentar y firmar una autocertificación que reúna todos los documentos necesarios para la identificación de su residencia fiscal, así como su número de identificación fiscal. Si se niega a facilitar esta información, en principio se le denegará la apertura de la cuenta. Del mismo modo, en caso de que cambie la residencia fiscal declarada, los titulares de la cuenta deberán obligatoriamente aportar una nueva autocertificación.
Las instituciones financieras de los países firmantes tienen además la obligación de comunicar anualmente a la administración tributaria la información recopilada sobre sus clientes. La información intercambiada incluye en particular nombre, apellidos, número de cuenta, fecha de apertura, saldo de la cuenta, intereses percibidos, etc.
Por último, la administración tributaria debe transmitir el conjunto de toda esta información a su homóloga del país en el que la persona física o jurídica que está detrás de dicha cuenta tiene su residencia fiscal.
Cabe precisar que, sea cual sea el importe del saldo de la cuenta que una persona física tenga en el extranjero, el intercambio de información se producirá automáticamente.
En el caso de las personas jurídicas titulares o beneficiarias de una cuenta cuyo saldo no supere los 250.000 USD, estos intercambios de información están, en principio, restringidos.
Sin embargo, no todos los países aplican este umbral. La lógica incluso querría que, en un contexto de lucha reforzada contra el fraude fiscal, este umbral desapareciera definitivamente.
El AEOI establece así un sistema en el que el secreto bancario deja de existir, puesto que apenas existe, o no existe en absoluto, límite alguno al intercambio de información bancaria. Teniendo en cuenta que más de la mitad de los países del mundo han firmado este convenio, el secreto bancario tiende cada vez más a desaparecer. No obstante, países como Estados Unidos siguen siendo más liberales y, en principio, se niegan a intercambiar la información de sus instituciones bancarias.
¿El fin del fraude fiscal?
El AEOI es la herramienta antifraude por excelencia, ya que va a permitir a los Estados detectar quién se encuentra en situación de fraude entre sus residentes fiscales. Recordemos que el mero hecho de ser titular o beneficiario de una cuenta en el extranjero sin haberla declarado a la administración tributaria puede, en determinadas circunstancias, constituir un fraude fiscal.
La aprobación del nuevo Estándar Común de Comunicación de Información supuso entonces una seria amenaza para las personas en situación irregular.
En efecto, una persona cuya situación sea irregular puede ser objeto de un procedimiento contencioso y se expone a sanciones bastante severas. Estas sanciones son, en primer lugar, fiscales: se trata de multas fijas que oscilan entre 1.500 € y 10.000 € por año y por cuenta no declarada, recargos del impuesto que pueden llegar al 80 % e intereses de demora del 2,40 % anual (4,80 % para los periodos anteriores a 2018). En algunos casos, generalmente los más graves, las sanciones pueden ser penales y llegar hasta 3 millones de euros de multa (o el doble del producto obtenido de la infracción) y 7 años de prisión.
Ante el temor a tales sanciones, se produjo una importante oleada de regularizaciones espontáneas incluso antes de la entrada en vigor de la norma.
Atención: el carácter espontáneo de la regularización de cuentas extranjeras no permite eludir las sanciones previstas en caso de procedimiento contencioso. En principio, solo permite atenuarlas.
La multa fija seguirá siendo la misma, es decir, entre 1.500 € y 10.000 € por cuenta y por año ocultados. En cambio, los recargos podrán reducirse según los casos, y los intereses de demora (2,40 % anual) pueden, bajo determinadas condiciones, reducirse a la mitad en caso de presentación espontánea de una declaración rectificativa. Siempre cabe la posibilidad de acciones penales, pero la administración tributaria se muestra a menudo indulgente en este tipo de regularización espontánea. Sin embargo, el fin del denominado «verrou de Bercy» hace que hoy en día el contribuyente corra más riesgos de complicaciones penales que antes.
Para defenderse de haberse convertido en una administración demasiado represiva, la administración tributaria francesa lanzó una campaña de la « última oportunidad », instando por correo postal a las personas con una cuenta no declarada en el extranjero a regularizar su situación cuanto antes, so pena de exponerse a las sanciones penales y fiscales máximas.
En un informe de 7 de junio de 2019, la OCDE destaca los resultados positivos del fin del secreto bancario y de la implantación del AEOI. En efecto, la amenaza que supuso para los contribuyentes permitió a Francia recaudar cerca de 10.000 millones de euros gracias a las regularizaciones espontáneas.
Entre 2008 (momento de la crisis financiera) y 2018, el número de cuentas bancarias offshore disminuyó un 25 %. También hubo 489.000 millones de euros menos en depósitos bancarios en las denominadas cuentas offshore.
Si bien por el momento los resultados en materia de fraude fiscal son bastante concluyentes, persisten ciertas dificultades, como la identificación de los beneficiarios efectivos de determinados trusts o cadenas de sociedades. Asimismo, la transparencia de los datos bancarios aún no se aplica en todo el mundo.
País firmante del AEOI (a la fecha de redacción del artículo)
Fecha de aplicación de los intercambios
Sudáfrica
2017
Albania
2018
Alemania
2017
Andorra
2018
Anguila
2017
Antigua y Barbuda
2018
Arabia Saudí
2018
Argentina
2017
Aruba
2018
Australia
2018
Austria
2018
Bahamas
2018
Barbados
2017
Bélgica
2017
Belice
2018
Bermudas
2017
Brasil
2018
Brunéi
2018
Bulgaria
2017
Canadá
2018
Chile
2018
China
2018
Chipre
2017
Colombia
2017
Corea del Sur
2017
Costa Rica
2018
Croacia
2017
Curazao
2017
Dinamarca
2017
Dominica
2017
Emiratos Árabes Unidos (Dubái)
2018
España
2017
Estonia
2017
Finlandia
2017
Francia
2017
Ghana
2018
Gibraltar
2017
Grecia
2017
Granada
2018
Groenlandia
2017
Guernsey
2017
Hong Kong (China)
2018
Hungría
2017
Isla de Man
2017
Mauricio
2018
Islas Caimán
2017
Islas Cook
2018
Islas Feroe
2017
Islas Marshall
2018
Islas Vírgenes Británicas
2017
India
2017
Indonesia
2018
Irlanda
2017
Islandia
2017
Israel
2018
Italia
2017
Japón
2018
Jersey
2017
Kuwait
2018
Letonia
2017
Liechtenstein
2017
Lituania
2017
Luxemburgo
2017
Macao (China)
2018
Malasia
2018
Malta
2017
México
2017
Mónaco
2018
Montserrat
2017
Niue
2017
Noruega
2017
Nueva Zelanda
2018
Países Bajos
2017
Polonia
2017
Portugal
2017
Catar
2018
República Checa
2017
Rumanía
2017
Reino Unido
2017
Rusia
2018
San Cristóbal y Nieves
2018
Santa Lucía
2018
San Marino
2017
San Martín
2018
San Vicente y las Granadinas
2018
Samoa
2018
Seychelles
2017
Singapur
2018
Eslovaquia
2017
Eslovenia
2017
Suecia
2017
Suiza
2018
Trinidad y Tobago
2017
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2017
Turquía
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Uruguay
2018
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